DUEÑOS DE LA HISTORIA

La memoria privada

Importantes colecciones de libros, documentos y fotos de la Argentina están en manos privadas. Poseen, por ejemplo, el archivo de Juan Bautista Alberdi, el de oficiales del GOU que integraba Perón, la primera edición de Facundo de Sarmiento y cientos de folletos y publicaciones de los años setenta.

Liliana Moreno
La caligrafía es estilizada y volcada hacia la derecha. El tono, imperioso. "Acabo de saber que tiene Usted una carta de Facundo Quiroga al general Pinto. Mandemela en el acto para insertarla en el Facundo i su firma ponerla al pie de su retrato", le escribe Domingo Faustino Sarmiento a su "querido" Juan Bautista Alberdi, en abril de 1891. "Reimprimo el Facundo (...)", justifica la premura, "De manera que suspendo hasta que me llegue la carta a vuelta de correo. E insiste en la despedida: "No me deje frustrado en esta solicitud".

El frío de la pampa húmeda que atraviesa las salas actúa como un conservador natural de los cerca de 40 mil vólumenes que contiene la deslumbrante biblioteca Furt, ubicada en la estancia Los Talas, en la localidad bonaerense de Navarro. En lo que concierne a nuestra historia la colección tiene dos grandes centros de interés: el archivo Alberdi, al que pertenece la carta de Sarmiento, y numerosas piezas únicas de historia americana, anteriores al 1800. Todo amorosamente cuidado y clasificado, con métodos artesanales. Un año me lleva desempolvar cada uno de los tomos. Cuando termino con el último ya es hora de volver a empezar, cuenta Ricardo Rodríguez, marido de Etelvina Furt, la heredera de la colección, y ambos sobrevivientes del empobrecimiento del campo argentino. Su padre, Jorge Furt (1902-1971), escritor y poeta, comenzó a armarla en 1950 con sus primeros libros en francés y la fue ampliando con obsesión.

Historiador e investigador, José Emilio Burucúa explica su relevancia: Hay materiales que sólo están aquí y que no se superponen con los de las biliotecas públicas. Creo que Furt ha comprado piezas que sabía que de otra manera se perdían para un posible esfuerzo colectivo. Por eso esta biblioteca es imprescindible para quien quiera acceder a la historia y a la cultura americana antigua como a la realización de cualquier proyecto de investigación vinculado con Alberdi. Para otra historiadora, Felicitas Luna, los Furt son patriotas. Furt padre porque en 1946 hipotecó su campo -hipoteca que le costó mucho levantar- para poder conseguir 45 mil pesos y así evitar que saliera del país el archivo completo de Alberdi que la viuda de don Francisco Cruz, su editor, le había ofrecido al Estado sin suerte. Consiste en 7400 cartas recibidas, entre muchísimos otros, de Vélez Sársfield, Esteban Echeverría y Florencio Varela; documentos de su actuación pública y apuntes, bosquejos de sus libros, escritos con pluma en libretitas de tapas marrones con esa letra suya, tan alejada de los rasgos claros de Sarmiento, de la que alguien alguna vez le dijo que se parecía a los jeroglíficos de las pirámides de Egipto. Y también es patriota, dice Luna, Furt hija porque al tiempo que rechazó ofertas tentadoras de compradores extranjeros, debió explotar turísticamente su estancia para poder mantenerla.

La biblioteca Furt funciona a la vez como par y como excepcionalidad dentro del universo de algunas de las más importantes colecciones privadas sobre la historia política, cultural y social del país. Como parte de ellas se mantiene con sacrificio, crece en base a donaciones, no ha incorporado soportes modernos de conservación, es requerida por investigadores nacionales y extranjeros y viene de una larga espera de apoyo oficial. Se distingue, en cambio, por la generosidad de su apertura a la consulta, y por haber alcanzado recientemente un acuerdo de complementación con la Escuela de Humanidades de la Universidad Nacional de San Martín que consiste en el resguardo del patrimonio y en la difusión y estudio entre sus investigadores.

Locos por la historia
De las paredes de la sala de lectura del Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas en Argentina (CeDInCi), cuelgan los afiches distribuidos por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) en 1972 con las imágenes de los muertos en la Masacre de Trelew. La muestra del mes tiene una marca de época: los afiches llevan la firma de su imprenta, Cogtal, un signo entre el desafío y la inconciencia de la tragedia por venir.

El CeDInCi vio la luz cuando a la colección particular del historiador Horacio Tarcus, de revistas y periódicos de política y cultura del siglo XX -importante desde el 55 hasta el presente-, se le sumó en 1997 la compra del archivo de José Paniale, un militante ignoto de izquierda que defendió la reforma universitaria, pasó por el anarquismo y después por el comunismo. Paniale había hecho un acopio extraordinario de volantes, fotos, afiches, revistas y periódicos, algunos únicos en el mundo, desde principios de siglo hasta 1958. Su archivo le aportó al Centro alguno de sus tesoros, como los documentos originales del Grupo de Oficiales Unidos (GOU); todos los volantes de la campaña presidencial de 1945-46; todos los periódicos de la resistencia peronista; la única colección completa existente de "La Internacional" (1917-1930), el periódico del Partido Comunista y, toda una rareza, los documentos, cartas y panfletos de las distintas fracciones comunistas, como la colección del periódico "La Chispa", que expresaba a una importante ruptura del PC de 1925.

Ahí, entonces, se ensambló un archivo excepcional de historia del siglo XX, que reúne, entre otros, alrededor de 400 colecciones de revistas político-culturales, 300 de revistas políticas, 450 colecciones de periódicos políticos, mil folletos y alrededor de dos mil libros, además de publicaciones extranjeras. Un archivo que no tiene equivalente en el país, sobre todo porque el material de izquierda es uno de los más castigados. Es el que más ha desaparecido de los archivos públicos durante las sucesivas dictaduras militares -dice Tarcus-, el que confiscaron las fuerzas de seguridad y del que se deshacía el propio militante porque le resultaba comprometedor. Además, el Estado no lo considera parte del patrimonio histórico ¿Si nosotros no los guardamos, quién lo va a hacer?. El CeDInCI está abierto a la consulta pública dos tardes por semana, atendido por investigadores.

En las antípodas, Víctor García Costa, militante del Partido Socialista durante 35 años, se define como un coleccionista compulsivo. Conserva desde monedas hasta servilletas de bares. Pero el núcleo de sus desvelos es un archivo monumental sobre la historia del socialismo y del movimiento obrero, armado a partir de algunas donaciones pero, sobre todo, de infinitos peregrinajes a librerías de viejo y a las papeleras de la avenida Cruz, frente a la cancha de San Lorenzo, donde llegó a comprar archivos sindicales al kilo y al kilo, también, fotografías del movimiento obrero. "Compramos una partida de libros y queremos sacárnosla de encima", le decían los libreros durante al última dictadura porque sabían que era más su pasión que el temor. Si a alguien le tiene miedo es a las viudas malditas. Porque hay dos tipos de viudas -dice-: las que valoran el esfuerzo de su marido y las malditas, que cuando uno muere llaman al botellero.

Por ahora su colección está a recaudo en su casa del partido de Ezeiza. Cree tener alrededor de 150 mil libros; 400 colecciones de revistas ("Caras y Caretas", "Fray Mocho"); veinte años de "La Vanguardia", el periódico del socialismo y la colección de "El Obrero", el primer periódico de la Federación Obrera. Además de los archivos personales, donados por ella a García Costa, de la doctora Alicia Moreau y de su esposo, Juan B. Justo, que incluyen desde correspondencia hasta documentos partidarios y carpetas parlamentarias. Tiene mil quinientas cajas de documentación clasificada y unas 15 mil más para clasificar, calcula a ojo de coleccionista. Una tarea que, sabe, siempre le va a llevar la delantera, con el tremendo peligro del deterioro de material. Pero de donarla a algún organismo oficial no quiere ni hablar. Hay una carencia generalizada de conciencia histórica, sobre todo en la mayoría de los funcionarios. Por eso quiero que quede en mis manos y que el estado me ayude en su conservación y clasificación. Si esto sucede la pondría a la consulta. Hoy es un descomunal archivo privado, abierto sólo a los investigadores que son de mi simpatía, porque tienen que trabajar en mi casa.

Fuera de la provincia de Buenos Aires, tienen fama merecida las colecciones del historiador salteño y actual director de la Biblioteca Provincial de Salta, Gregorio Caro Figueroa, y la de la familia Cárcano, de Córdoba. A 15 kilómetros de la capital, en su casa ubicada en la localidad de los Cerrillos, Caro Figueroa posee una vasta biblioteca -dirigida por su mujer y abierta a los investigadores- que excede la historia y la cultura nacional, aunque de ellas destaca los 53 volúmenes de las obras completas de Sarmiento (1887-1903) y los diarios de sesiones de ambas cámaras del Congreso de la Nación, entre 1853 y 1953, un siglo de historia política que llegó a sus manos cuando en 1995 compró la colección del ex senador nacional por su provincia, Carlos Serrey. Con este archivo llegó lo que considera su tesoro: un "Facundo" impreso en Chile en 1845, con dos autógrafos de Sarmiento. Un libro raro -dice-, como no debe haber muchos.

La de los Cárcano, políticos e historiadores, siempre fue una biblioteca de familia, iniciada en 1880 por Ramón J. Cárcano y engrosada hasta 1978 por su hijo Miguel Angel. Muertos sus fundadores se repartieron los bienes pero la biblioteca aún está indivisa, diseminada entre un departamento en Buenos Aires y las estancias "Ana María" y "San Miguel" en Córdoba. Nadie quiere hablar de este patrimonio para evitar fricciones antes de la sucesión. Está totalmente inventariado y se cree que sus miles de tomos de historia argentina, europea y latinoamericana, incluyen muchas primeras ediciones pero ninguna pieza inédita.

Que los coleccionistas son los salvadores del patrimonio y el Estado su detractor es una imagen fácil de instalar, pero no es exacta. Es cierto que la colección del historiador Ernesto Quesada terminó constituyendo el núcleo principal del Instituto Iberoamericano de Berlín; que la mapoteca y biblioteca de historia americana del general Agustín P. Justo fue adquirida por el gobierno del Perú y que, más recientemente, la colección de Federico Vogelius, fundador de la revista "Crisis", se fragmentó en decenas de manos privadas.

Pero también es cierto que la valiosa biblioteca del arquitecto Mario Buschiazzo sobre historia de las ciudades latinoamericanas, fue adquirida por el municipio de la ciudad de Resistencia, Chaco, a instancias de su discípulo Ramón Gutiérrez. Y que entre 1994 y 1998 la facultad de Filosofía y Letras de la UBA fue aceptada por los exigentes estándares alemanes cuando recibió de la familia de Ernesto Epstein sus libros de musicología y una importante colección de partituras y de parte del gobierno alemán, la biblioteca del Instituto Humboldt, el equivalente oriental del Instituto Goëthe.

Aunque la balanza se inclina por los largos períodos de ausencia del Estado, algunas voces oficiales defienden con propuestas el apoyo y la complementación entre las partes. La actitud del Estado en relación con las colecciones particulares que no pueden ser mantenidas por sus dueños de ninguna manera puede ser de indiferencia, dice Josefina Delgado, vicedirectora de la Biblioteca Nacional. No hay una única vía -agrega-, sino una gama amplia de posibilidades de ayuda. El Estado puede elegir desde la asistencia económica, como préstamos o subsidios, hasta una política de gestión desde organismos que se ocupen de coordinar acciones en pro de la conservación de libros valiosos..

Para Enrique Tandeter, director del Archivo General de la Nación, las instituciones oficiales deberían ocuparse de facilitar el acceso de los ciudadanos al conjunto del patrimonio, esté en manos de quien esté. No cree en la efectividad de una ley que obligue al particular a abrir su colección al público, sino en la creación de políticas, es decir, voluntad y recursos para garantizar el acceso. Por ejemplo, si una biblioteca privada corre un riesgo, el Estado, sin modificar su condición de propiedad, puede ayudar a su mantenimiento y de esa manera facilitar su acceso. Aunque en este momento, debemos reconocerlo, hay poca política y pocos recursos.

Desde el ámbito académico, Burucúa, además de alentar los acuerdos como al que arribaron la bilioteca Furt y la Universidad de General San Martín, propone pensar en algún tipo de desgravación impositiva -como se aplica en Inglaterra, Italia y Francia- en un área que beneficie al propietario. Si el servicio que él ofrece es de baja intensidad -propone- la desgravación será menor y si es de alta intensidad, que sería abrir su colección a la par de una biblioteca pública, entonces la desgravación debería ser máxima, porque de esta manera el Estado está comprando el servicio que él brinda a la comunidad.

Lo cierto es que mientras los especialistas transpiran soluciones para acercar la memoria privada a la luz pública, los coleccionistas se obsesionan por los papeles de la Patria. Una obsesión que circula bajo la irremediable penumbra que proyecta la crisis nacional.